Caso Sepur Zarco: el paradigma en la justicia restaurativa contra la violencia sexual

Este 2 de marzo se cumplen ocho años desde la resolución del “Caso Sepur Zarco”, que juzgó la violencia sexual en contra de las mujeres indígenas por parte de militares guatemaltecos.

Por Jennifer Flores (FES Aragón) y Vianey Mejía (CIGU)

Durante el Conflicto Armado Interno en Guatemala, que tuvo una duración de 36 años, se dio uno de los exterminios más grandes de la historia latinoamericana en contra de los pueblos indígenas.

Todo comenzó cuando en 1954 un golpe militar consiguió derrocar al presidente en turno, Jacobo Arbenz, y eliminar así las reformas agrarias que beneficiaban a las personas campesinas. El conflicto siguió su curso y estalló como guerra civil en el año 1960.

Como parte de las estrategias militares para reprimir a la población se instalaron puestos de avanzada en distintos puntos del país, entre ellos los instalados en 1982 en Sepur Zarco, comunidad agrícola al nororiente de Guatemala. En aquel momento, los líderes q’eqchi’ de la zona luchaban por obtener los derechos legales de sus tierras.

El ejército respondió a las exigencias de los pueblos indígenas con la captura y desaparición forzada de todos los hombres de la comunidad; dejando a esposas viudas, madres sin hijos, hijas sin padres. Después de esto, las mujeres indígenas que habitaban en la región fueron sometidas a violaciones sexuales y esclavitud doméstica. Les inyectaban anticonceptivos y obligaban a tomar medicamentos para no embarazarse. A otras más les provocaron abortos por la violencia sufrida, pues eran abusadas estando ya embarazadas. Algunas de ellas murieron.

El puesto de descanso se clausuró en 1988 y el Conflicto Armado terminó con el Acuerdo de Paz firmado en 1996. Se calcula que en esta guerra civil, al menos 200,000 personas perdieron la vida o desaparecieron. El 83% de estas víctimas eran indígenas.

Las mujeres que sobrevivieron a estos crímenes callaron durante mucho tiempo por temor a represalias, además vivían revictimizaciones y violencia comunitaria: fueron rechazadas por sus propias comunidades quienes les llamaban “las prostitutas de los soldados”.

Buscando justicia y conscientes de los años que habían pasado después de los hechos, colectivas feministas acuerparon a las sobrevivientes y realizaron en conjunto un «Tribunal de Conciencia contra la Violencia Sexual hacia las Mujeres durante el Conflicto Armado Interno», que sirvió para presionar a las autoridades a iniciar un proceso formal, pero también para que las mujeres pudieran romper el silencio en un espacio seguro, sentirse apoyadas y llenarse de fuerza para denunciar lo vivido.

Años después, en 2011, 15 mujeres sobrevivientes de Sepur Zarco iniciaron un proceso legal para obtener justicia, estas fueron apoyadas por organizaciones locales defensoras de los derechos de las mujeres (destacan Mujeres Transformando el Mundo y Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas), ONU Mujeres y otros socios de las Naciones Unidas. En junio de 2015, se aceptaron las pruebas y al siguiente año se inició el proceso penal en el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente.

Tras 22 audiencias, el 2 de marzo de 2016, se logró condenar solamente a dos ex militares por los delitos de violación, esclavitud y asesinato; también se ordenaron 18 medidas de reparación para las sobrevivientes y sus comunidades. Aquella fue la primera vez en la historia que un Tribunal Nacional enjuició un cargo de esclavitud sexual durante un conflicto armado por medio de la legislación nacional y el derecho penal.

Estas mujeres, quienes ahora son conocidas cariñosamente como “las abuelas” no sólo lucharon por obtener justicia y reparación para ellas sino que también velaron por un cambio que beneficiara a toda su comunidad. Para las medidas de reparación solicitaron que se hicieran acciones que ayudaran a acceder a su comunidad más fácilmente a sus derechos humanos, especialmente al de la salud y educación, esto con la finalidad de que las niñas de generaciones futuras no tuvieran que pasar por lo que ellas vivieron.

Este caso resulta importante para la lucha feminista debido a que pone el foco en las mujeres que se encuentran en algún momento de sus vidas en situación de víctima, propone un enfoque de justicia restaurativa que si bien puede no llegar a un proceso formal-legal les anima a denunciar sin importar si el delito ocurrió hace varios años o si fue ejercido por personas con poder, es decir, les anima a romper el silencio para encontrar paz y trabajar con su duelo. Asimismo, obliga al gobierno a poner atención a las denuncias y la prevención de casos por violencia sexual contra mujeres e infancias durante los conflictos armados.

Te invitamos a leer el cómic La luz que vuelve, realizado por la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas como una de las medidas de reparación a favor del no olvido del caso.