Urgente, unir esfuerzos entre academia y funcionariado para impulsar a las mujeres en el campo
Por Vianey Mejía, Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM
El pasado 31 de agosto se llevó a cabo, en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, la mesa redonda «El derecho a la tierra y la participación para mujeres y jóvenes rurales: la agenda pendiente de la política agraria en México», en la que se dialogó sobre el informe realizado por Gabriela Torres-Mazuera investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
El objetivo de este informe es visibilizar la exclusión histórica de las mujeres y jóvenes rurales con relación a la propiedad ejidal y comunal, así como su poca o nula participación en las asambleas, órganos de autoridad máxima en la administración comunitaria del territorio.
La mesa estuvo conformada por las académicas Leticia Merino Pérez, del Instituto de Investigaciones Sociales; Gisela Espinosa Damian, de la UAM Xochimilco; y las funcionarias Claudia Gómez Godoy, de la CONAGUA, y Gabriela Rangel Faz y Concepción Núñez Escobedo del Registro Agrario Nacional (RAN), quienes señalaron que la falta de acceso a la tierra por parte de las mujeres es una forma de violencia patrimonial que no debe ser normalizada.
Hablaron de fenómenos sociales, como la migración, la feminización del trabajo agrario y el envejecimiento de las comunidades, que exacerban la necesidad de reformas en materia de derecho agrario, con el fin de que cada vez más mujeres logren ser propietarias de sus tierras.
«La tierra es de quien la trabaja y también de quien la cuida», mencionó Gabriela Torres, con el fin de visibilizar el trabajo de las mujeres en el campo desde un enfoque ecológico y no productivista neoliberal. Aspecto importante pues, como Leticia Merino informa, los bosques y selvas mexicanos se han visto devastados al privatizarse para su explotación, como ha pasado con los sembradíos de aguacate que en Uruapan han terminado con más del 35% del bosque purépecha.
Gisela Damian señaló que «hay un sesgo histórico patriarcal que marca el acceso a la tierra». En un intento por eliminarlo, en el año 2016 se reformó el artículo 37 de la Ley Agraria, con el fin de incorporar a las mujeres en la tenencia de tierras y cargos de representación en sus asambleas. Sin embargo, para el 2020 no se superaba el 20% total de ocupación de mujeres en cargos ejidales.
Por ello, para Gabriela Rangel Faz, es necesario incorporar las siguientes recomendaciones en el Registro Agrario Nacional (instancia de gobierno relacionada al registro de propiedades rurales): un área institucional para la igualdad de derechos agrarios con personal formado en perspectiva de género y nuevas masculinidades, un programa presupuestario de regularización y registro de actos jurídicos para la igualdad de derechos de las mujeres, gratuidad en los trámites del RAN, estadística agraria sobre mujeres y población indígena, y el desarrollo teórico de un feminismo comunitario indígena a lado de las mujeres rurales.
Paulina Uribe Morfín, Subdirectora de Transversalización de Políticas Universitarias de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, señaló que los desafíos de la política pública para generar igualdad entre hombres y mujeres no son sólo económicos o de voluntad, sino que requieren un enfoque educativo. Mencionó el paralelismo entre estas dificultades a nivel estatal y las que se viven dentro de la UNAM.
«Una política sin el acompañamiento educativo no impacta y se queda sólo en una buena intención», dijo.
El informe «El derecho a la tierra y la participación para mujeres y jóvenes rurales: la agenda pendiente de la política agraria en México» se encuentra disponible en la página de la Fundación para el Debido Proceso y es de libre acceso. Te invitamos a consultarlo:
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