Activismos, género y medio ambiente

El Acuerdo Regional sobre el acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe 2021 (Acuerdo de Escazú) constituyó un precedente y reto importante para la defensa del medio ambiente y el territorio en América Latina. Es el primer instrumento internacional con explícita referencia a la protección de los derechos de las personas defensoras de derechos humanos en materia ambiental; y reconoce la obligación de garantizar un entorno propicio y seguro para las personas, grupos y organizaciones defensoras del ambiente.

Este tema es vital en el contexto de violencia que han padecido los activismos ambientales a nivel global. Según Global Witness, en 2020 fueron asesinadas 227 personas defensoras ambientales, 165 de ellas en América Latina. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) documentó que en el año 2021 se reportaron 238 agresiones contra defensores, comunidades y organizaciones ambientalistas, 165 % más que las reportadas en 2020. En 2021 ocurrieron 25 asesinatos de personas defensoras, 7 más que en 2020. En 2021, los eventos de agresión contra de mujeres defensoras ambientales ascendieron a 5, correspondiente al 4.63 %, y se registró una probable desaparición forzada.

Si miramos la crisis ambiental como una catástrofe, y las condiciones de violencia y riesgo en las que se ejerce el activismo ambiental, ¿por qué las mujeres no nos hemos paralizado y seguimos actuando a favor del cuidado del medio ambiente? Es primordial hacer notar que la mirada femenina de los problemas ambientales y las acciones de cuidado que emprenden no sólo están acompañadas por una voluntad de cambio, sino que están permeadas por intereses educativos, técnicos, comunicativos, de comunidad. Son acciones organizadas con otras personas para un largo alcance.

La reflexión sobre la relación género y medio ambiente considera que las mujeres reciben un impacto diferenciado de la crisis ambiental. Asimismo, ellas realizan aportes particulares desde sus contextos complejos de defensa del ambiente y el territorio. Lo que hace clara la necesidad de cambios transversales que incorporen el enfoque de género en materia ambiental, así como cambios estructurales que garanticen sus derechos en contextos de acceso y control sobre recursos naturales y sus territorios, ya sean rurales o urbanos.

Así, las labores de educación, comunicación y cultura ambiental que se realizan en la UNAM deberían mirarse como una oportunidad relevante para promover la defensa del medio ambiente, y emprender más proyectos que fomenten la participación, la información y la justicia, en la material, entre la comunidad universitaria y el uso de tecnologías.

En la ENES León, por ejemplo, existen dos proyectos de ciencia ciudadana en los que las autoras hemos colaborado directamente. El primero se denomina Monitoreo de colisión de aves en la ENES León y el segundo Observatorio Universitario de Calidad del Aire de Guanajuato.

Ambas iniciativas se componen por mujeres y están organizadas bajo un principio de construcción del conocimiento compartido y transdisciplinar, a partir de la recolección de datos y la participación directa, con el objetivo no sólo de comprender los problemas locales, como el impacto de aves muertas en los edificios del campus o los problemas de salud derivados de la mala calidad del aire, sino además la formación ambiental de las personas que participan en cada uno de los proyectos.

El uso de tecnologías de la información es clave en los procesos formativos y comunicativos de ambos proyectos. Buscamos que la participación no se quede sólo en la colecta de datos, sino que éstos tengan sentido y uso local; es decir, que el conocimiento tenga realmente un impacto en sus comunidades y puedan avanzar a procesos participativos organizados más complejos en la búsqueda de soluciones, el seguimiento de políticas públicas o la exigencia de derechos.

La evidencia de estos proyectos señala que son las mujeres quienes colectan datos, producen conocimiento, buscan soluciones y participan de manera directa en sus localidades. Además, son ellas quienes están interesadas en su propia formación ambiental, en la defensa de su derecho a un medio ambiente sano, y en el uso de tecnologías de información y comunicación con fines ambientales. Con sus acciones reiteran que la transición tecnológica y digital en la que estamos inmersas debe tener perspectiva de género y reconocer su liderazgo en la comprensión y mitigación del cambio climático.