Integrantes del proyecto de investigación e incidencia Pluriversos hicieron entrega a Hugo Aguilar Ortiz, del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), de la propuesta de iniciativa de la Ley General de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

“La participación de la academia en la elaboración de la misma no es un gesto simbólico, es un compromiso con la justicia”, subrayó Tamara Martínez Ruiz, secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM, quien encabezó el evento, en representación del rector Leonardo Lomelí Vanegas.

“Esta ley debe ser un puente entre el marco jurídico y las realidades de los pueblos que, como establece la Constitución, conservan sus instituciones y luchan por su dignidad frente a la marginación histórica”, agregó la funcionaria.

En la Unidad de Seminarios Dr. Ignacio Chávez de esta casa de estudios, Martínez Ruiz añadió que “con estas acciones reafirmamos un principio fundamental de la Universidad: la academia no es un actor pasivo, sino un aliado estratégico en la construcción de leyes y políticas públicas justas e incluyentes”.

Lo que se plantea son las conclusiones de las mesas de trabajo que se realizaron para hacer aportaciones (desde un enfoque interdisciplinario, con elementos académicos, técnicos y de experiencia práctica), que contribuyan a la construcción de la nueva ley reglamentaria del artículo 2° constitucional en materia de pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, que se promulgará por el H. Congreso de la Unión en marzo de 2025.

Esos trabajos surgen de una iniciativa impulsada por la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Morelia, el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de Michoacán y el proyecto de Ciencia de Frontera Caleidoscopio, que integran el equipo del proyecto Pluriversos, el cual reúne a investigadores y académicos con diferentes especialidades (abogacía, antropología y sociología) y que cuentan con una reconocida trayectoria en el acompañamiento y la defensa de los derechos humanos de pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes de México en entidades como Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Ciudad de México, Chihuahua y Yucatán.

Las y los investigadores participantes forman parte de distintas instituciones y centros de investigación, como la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana en sus diferentes campus, la Universidad Iberoamericana, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Universidad Autónoma de Guerrero, entre otras.

Al evento asistieron autoridades indígenas de diferentes comunidades, representantes del gobierno de Michoacán, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como del INPI.

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, destacó las aportaciones de las comunidades indígenas en la elaboración de reformas a la legislación estatal, recientemente modificada, para reforzar y ampliar los derechos de los pueblos originarios como el acceso al autogobierno y el presupuesto directo.

Celebró también la conclusión del documento coordinado por Orlando Aragón, Luis Alejandro Pérez y Diana Tamara Martínez, de la ENES, Unidad Morelia.