Fuente: La Jornada

El avance en el reconocimiento a los derechos de las personas transgénero en las universidades del país aún es incipiente. Si bien en varias de las instituciones educativas, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y las autónomas Metropolitana (UAM) y la del Estado de México, se asume de manera oficial su identidad, la discriminación es uno de los obstáculos que encaran para su pleno desarrollo.

Organizaciones que defienden en estas casas de estudio las garantías de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (Lgbti), denuncian que las mujeres y los hombres transgénero a menudo se encuentran frente a situaciones no sólo de pobreza y exclusión social, sino también de violaciones a su derecho de acceso a la educación. De acuerdo con un diagnóstico elaborado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Fundación Arcoíris, los niveles de discriminación en el proceso educativo son altos y “sin duda” ello repercute en su desempeño escolar y hasta en su estabilidad en el sistema.

César Torres Cruz, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, asegura que incluso en comparación con la comunidad de la diversidad sexual, las personas trans son las que “viven una condición de vulnerabilidad exacerbada”. Recuerda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que el promedio de vida de una mujer trans en México es de 35 años de edad.

Además, refiere que actualmente sólo 13 estados cuentan con leyes para reconocer su identidad de género: Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala.

No sólo eso, según la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2019, más de 40 por ciento de los encuestados señalaron que no se sentirían a gusto viviendo con una persona trans y no les gustaría que sus hijos o hijas se casaran con una de ellas o con alguien Lgbti.

Para Leah Muñoz, mujer trans estudiante de posgrado de la UNAM, está claro: sin el apoyo de su familia, amigos, profesores e investigadores, quizá el camino para terminar la carrera de biología en la Facultad de Ciencias, la maestría en filosofía de la ciencia y ahora estudiar el doctorado en esta misma materia, hubiera sido muy complicado.

Cuando empezó con los cambios necesarios para ser mujer trans, en 2016, estando ya en la universidad, tuvo que hablarlo abiertamente en sus clases. “Mi expresión de género no era la misma que es hoy, eso implicaba que si yo quería que se me reconociera como tal, dado que yo no había modificado para ese entonces mis papeles ni nada, tenía que pedirlo, hablar y decir cómo quería que se me refiera”. La joven realizó su cambio oficial de identidad en la UNAM en 2017 y fue una de las primeras que lo hizo en la Facultad de Ciencias.

Reconoce que tuvo temor. “Cuando pensaba hacer la transición, me la imaginaba como una vida más difícil, quizá menos gozosa, sobre todo porque comencé a ser consciente de crímenes de odio por transfobia, de transfeminicidios… He sido afortunada, pero tampoco quiero que se quede esta idea de que es la mejor y de que no hay otras, porque sí las hay en otras facultades, donde profesores o compañeros se ensañan y los estudiantes tienen que dejar las materias por esa violencia”.

Rubén Hernández, a cargo de la Dirección de Inclusión y Prácticas Comunitarias de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, y coordinador del Programa de Diversidades y Disidencias Sexogenéricas, expone que en la máxima casa de estudios apenas se encuentran en un proceso de diagnóstico para progresar en la garantía a los derechos de esta población. “Existen avances importantes, por ejemplo, para actualizar sus datos en los registros universitarios” y en términos del acceso a espacios no generizados como baños, entre otros.

Recuerda que en octubre la UNAM lanzó la primera consulta dirigida a la comunidad Lgbti, en la que ya han participado más de 4 mil universitarios. Además, en noviembre, junto con otras universidades de América Latina, se firmó un compromiso de cero tolerancia a la violencia de género, en el que se incluye a las diversidades sexogenéricas.

Fuente: La Jornada