
En la Sala de Videoconferencias del Posgrado de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, activistas que han luchado a favor de los derechos humanos de las mujeres charlaron con la comunidad universitaria sobre la situación actual del país en relación con ese tema.
La maestra Patricia López Romero, de la Red de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Ciudad de México (Ddeser), habló sobre la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a partir de la despenalización del aborto en 2007 en la capital del país.

La licenciada Yndira Sandoval Sánchez, impulsora de la Ley 3 de 3, iniciativa única en su tipo, pues no hay ninguna similar en el ámbito internacional, la cual prohíbe ocupar cargos de representación popular o ser funcionarios públicos a quienes hayan sido sentenciados por violencia familiar, delitos sexuales, a los morosos en el pago de pensiones alimentarias.

La doctora Elisa Gómez Sánchez, quien dirige la Coordinación de Diálogo Político de la Fundación Friedrich Ebert en México, disertó sobre el trabajo no remunerado que realizan las mujeres, basado en la división sexual y la economía del cuidado. Señaló que las labores domésticas que realizan las mujeres son invisibilizadas, pero importantísimas, pues deben ser realizadas para que alguien más trabaje y produzca riqueza.
Lo anterior, dijo la también integrante de la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y el Tiempo Propio de las Mujeres, supone carga mental extra para las mujeres, de ahí la necesidad de que el Estado establezca el Sistema Nacional de Cuidados y designe recursos al mismo.

Lourdes Delgado, madre de Sebastián Rivera Delgado, habló de la lucha que ha emprendido por su hijo, víctima de desaparición forzada, secuestro y homicidio, en San Antonio la Isla, Estado de México.
Lourdes es parte del Colectivo Uniendo Esperanzas en la entidad mexiquense, formado por familiares de personas desaparecidas que, desde la solidaridad y la empatía, acompañan a otras que están en la misma situación.

Invitó a la comunidad universitaria a ser empática frente a situaciones de ese tipo, pues buscar a familiares desaparecidos es difícil, hay obstáculos como el desinterés de las fiscalías, la sobrecarga de trabajo de los ministerios públicos y la falta de asesoría jurídica a las víctimas.





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