«Cinco leyes contra la desigualdad de género»

Impulsadas desde el feminismo, estas son cinco leyes que buscan acabar con la brecha que enfrentan mujeres y grupos diversos vulnerables

La Ley Malena, Ley Monse, Ley Sabina, Ley Olimpia y Ley Alina se gestaron del movimiento feminista (Ilustración: Cecilia Falcón).

Desde garantizar el pago de pensiones alimenticias hasta lograr juicios con perspectiva de género, en los últimos seis años se han aprobado en México leyes encaminadas a la protección de los derechos de las mujeres y otras poblaciones vulnerables, como infancias y personas de la diversidad sexual.

Estas leyes emanan directamente del movimiento feminista. Las limitaciones del marco legal para atender actos de violencia ha llevado a diversas organizaciones a diseñar, proponer y cabildear para que se aprobaran leyes encaminadas a un acceso pleno a la justicia.

La implementación de estas leyes es crucial para garantizar una respuesta efectiva ante la violencia de género que se vive en todo el país. En 2020 el 66.1% de las mujeres mexicanas mayores de 15 años reportaron haber experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La Unidad de Investigaciones Periodísticas (UIP) hizo una revisión de cinco de estas normas: Ley Malena, Ley Monse, Ley Sabina, Ley Olimpia y Ley Alina, para saber cómo se gestaron y el impacto que han generado en la sociedad.

Estas iniciativas de reforma, aunque son para todes, fueron pensadas en responder a la urgencia de ajustar la legislación para garantizar la protección de mujeres víctimas de violencia de género y combatir la impunidad en crímenes como los ataques con ácido y el feminicidio.

Ley Malena

En septiembre de 2019, la saxofonista María Elena Ríos fue atacada con ácido por dos hombres que se dieron a la fuga. Desde entonces su vida cambió por completo: además de someterse a varias cirugías por los daños que sufrió en cuerpo y rostro, ha enfrentado un proceso judicial plagado de irregularidades, según su propia denuncia.

Ríos se ha convertido en un referente de la lucha por el reconocimiento a las víctimas de violencia de género y en ese camino ha conocido a otras mujeres que también fueron víctimas de esta forma de violencia. “Nos obligan a vivir esta situación y nos exponen aún más. Nos dimos cuenta de que no existían políticas públicas suficientes que pudieran auxiliarnos para restablecer y hacer valer nuestros derechos”, dice en entrevista para la UIP.

Su lucha por lograr justicia la llevó a impulsar con otras mujeres una serie de cambios legislativos para que los ataques con ácido sean considerados intentos de feminicidio, iniciativa conocida popularmente como Ley Malena.

En marzo de 2023 Puebla fue el primer estado del país en modificar el Código Penal estatal para considerar la violencia ácida como tentativa de feminicidio, estableciendo penas de 25 a 40 años de prisión. A la fecha otros ocho estados también han adoptado la llamada Ley Malena: Ciudad de México, Baja California, Colima, Guerrero, Quintana Roo, Veracruz, Campeche y Nayarit.

“Cuando yo escuché que estaba aprobada, siento que ahí empezó la justicia. Porque a veces, yo peleo, inclusive he dicho que no tengo justicia, no he tenido esa justicia penal, pero yo creo que hay otro tipo de justicia, que es la social”, expresa.

María Elena cuenta que entre los primeros cambios que impulsó junto a otras víctimas de quemaduras con sustancias, fue presentar el término “violencia ácida” ante diversos legisladores con el objetivo de que pudieran diferenciar entre una lesión y un ataque con ácido, para que en la reforma se pudiera clasificar como tentativa de feminicidio. Esta distinción, explica, es crucial.  “El agresor todo el tiempo quería reclasificar el delito a lesiones, y una lesión puede ser un moretón; pero no puedes equiparar un moretón con la amputación de tu piel. Empecé a proponer, junto con otras compañeras que se fueron anexando, que esto se debe llamar violencia ácida”, dice.

La violencia ácida, destaca Ríos, no solo deja cicatrices físicas, sino también emocionales y sociales, afectando para siempre la vida de las víctimas. “Las mujeres intentamos hacer un cambio social, no para nosotras, porque las leyes ya no son retroactivas, sino para visibilizar una situación que es muy grave”, menciona Malena, como le gusta que le llamen.

Recuerda que uno de los mayores temores que tenían al llevar Ley Malena al terreno legislativo era que las figuras políticas quisieran utilizar esta causa para campaña personal.

“Falta todavía que se apruebe en todos los estados, que venga desde el ámbito federal. Si bien han especificado algunas situaciones en cuanto al ácido, mientras no se sienten a platicar con las víctimas, mientras no tengan la disposición de escucharnos y hacer una reforma eficiente, yo creo que va a ser muy complicado que entiendan la causa” considera Malena.

Las penas para los agresores, a partir de las modificaciones a los códigos penales, se han incrementado significativamente. En la Ciudad de México, por ejemplo, los ataques con ácido son castigados con penas de 8 a 12 años de prisión, pero ahora si el ataque resulta en daños permanentes o afecta órganos reproductores, se considera tentativa de feminicidio y las penas pueden ascender hasta 46 años.

“No es justo que (el agresor) se quede dos o tres años, y que encima salga luego porque pagó la cantidad de 5 mil o 7 mil pesos. (El objetivo) es darle la certeza a la compañera que esta persona se va a quedar 46 años en prisión”, reitera Ríos.

Finalmente, Malena enfatiza que su lucha busca crear una red de apoyo y protección para todas las mujeres afectadas por la violencia y lanza un mensaje: “Las compañeras no están solas”.

Ley Monse

Montserrat Bendimes falleció en un hospital de Veracruz en abril de 2021 tras haber sido brutalmente golpeada. Desde el primer momento, el principal sospechoso fue su novio, Marlon Botas, quien escapó con la ayuda de su familia.

El día en que Monserrat, de entonces 20 años, fue atacada, se encontraba en compañía de Marlon. Los padres de él, fueron quienes la llevaron al hospital en su coche. La dejaron ahí y luego dieron distintas versiones a la familia de la joven sobre el motivo de la hospitalización.

Aunque quedó en evidencia que Jorge “N” y Diana “N” habían auxiliado a su hijo para escapar, solo lograron ser procesados por omisión de auxilio, un delito menor. En julio de 2023 la Fiscalía de Veracruz informó que un juez de control les concedió la suspensión condicional del proceso. Esto les permitió quedar en libertad tras comprometerse a cumplir una serie de condiciones, entre ellas someterse a un tratamiento psicológico. Marlon se entregó en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Xalapa en junio de 2022, tras haber estado prófugo durante un año dos meses.

La liberación de los padres de Marlon desató una ola de indignación y organizaciones ciudadanas feministas comenzaron a buscar la forma de lograr cambios legislativos.

Arussi Unda, vocera de la colectiva “Brujas del Mar”, cuenta que esto motivó la creación de una iniciativa, bautizada como Ley Monse, que reformó el Código Penal estatal para combatir la violencia feminicida y la impunidad en estos casos.

La Ley Monse busca garantizar que las víctimas tengan acceso a la justicia y evitar que se repitan casos en los que la familia o los amigos se conviertan en cómplices. La propuesta elimina las excusas absolutorias para familiares o parejas que, por lazos de amor o afinidad, encubren a los responsables de feminicidio, explica Unda.

“Vivimos con niveles de impunidad muy altos, entonces que exista un recurso legal al que puedan acceder personas que bloquean o intentan dinamitar el acceso a la justicia, a mí se me hace una locura”, expresó Unda, impulsora de la iniciativa.

El primer estado en adoptar reformas a su Código Penal fue Morelos, donde el 5 de diciembre de 2022, el Congreso del Estado aprobó la Ley Monse con un total de 22 votos a favor. “Luego en Oaxaca y posteriormente en la Ciudad de México. Hasta el momento, esos son los tres estados en donde se ha aprobado”, cuenta la activista.

La iniciativa fue llevada al Congreso de Veracruz en 2022 por la diputada local Anilú Ingram Vallines. “Se comprometió a no politizar el tema del feminicidio de Montse y nosotras sí pudimos ver ese esfuerzo que ella hizo para para respetar eso, respetar los deseos de la familia” recuerda Arussi.

A pesar de que Veracruz es la entidad donde ocurrió el feminicidio de Monserrat, y donde se generó todo el movimiento que dio pie a la propuesta legislativa, los diputados siguen sin aprobarla. “Eso, particularmente a nosotras, nos da un sentimiento raro porque dices, al final, Monse vivía en Veracruz”, se lamenta la activista.

Esta ley, agrega, también busca preservar la memoria para que no se olvide que hay una deuda muy grande, no solo con la familia de las víctimas, sino con las mujeres.

En Morelos, tras la reforma al Código Penal que elimina las excusas absolutorias que permitían a familiares o amigos evadir responsabilidades penales por encubrir a los delincuentes, ahora pueden enfrentar penas van de 26 a 40 años de prisión, mientras que en Ciudad de México las penas para encubridores de feminicidios y homicidios varían de 2 a 8 años de prisión, con multas que pueden llegar a los 200 mil pesos.

“Es bastante significativo el escuchar en tribuna el caso de Monse porque las legisladoras que han hecho avanzar estas leyes en otros estados se toman el tiempo de investigar el caso, de dar un poco de contexto, de nombrarla y de nombrar otros casos que, como el de Monse, también tienen esta particularidad de la impunidad en el encubrimiento”, concluye.

Ley Sabina

Durante cuatro años, Diana Luz Vázquez Ruíz, una activista oaxaqueña, peleó porque el padre de su hija pagara la pensión alimenticia. Su batalla incluyó demandas que perdió ante jueces que fallaron en su contra. Esto la llevó a usar otras vías para visibilizar su caso y hoy en día es una de las principales activistas en defensa de los derechos de las infancias.

El 12 de julio de 2021, Diana Luz en compañía de sus amigas y diversos colectivos feministas realizaron el primer “tendedero” de deudores alimentarios en la explanada del templo de Santo Domingo en Oaxaca. De esta iniciativa surgió el movimiento denominado “Mamás Autónomas” que busca visibilizar la violencia económica que enfrentan muchas mujeres en México.

“Todo este movimiento parte de mi propia historia, a raíz de Sabina, mi hija, quien al ver que su papá no la iba a reconocer y que tampoco iba a asumir una responsabilidad, pues me orilla a mí a generar otro tipo de acciones con mis amigas”, cuenta en entrevista.

A partir de este movimiento, se sentaron las bases de lo que hoy se conoce como Ley Sabina y desde entonces los congresos de los estados de Hidalgo, Morelos, Estado de México, Michoacán, Chiapas, Ciudad de México y Guanajuato aprobaron diversas reformas a sus código penales y civiles o modificaron leyes estatales para sancionar con penas de seis meses a tres años de prisión a los deudores alimenticios que incumplan.

Aunque la ley no está vigente a nivel nacional, lo que sí fue avalado por el Congreso de la Unión en marzo de 2023 fue un paquete de reformas que dieron pie a la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios, uno de los ejes torales de la iniciativa de la Ley Sabina.

“Nace de una necesidad urgente y apremiante de tener realmente justicia para nuestros hijos e hijas, que no habíamos visto o que no vemos en la cotidianidad en los juzgados, quienes enfrentamos estos procesos ya sea de reconocimiento de paternidad o de pensión alimenticia”, reitera Vázquez Ruíz.

El Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, asegura, es un mecanismo que se emplea para inscribir a personas deudoras alimentarias, con el propósito de hacerlos responsables de su obligación de dar alimentos.

Este registro facilita la identificación pública de quienes no cumplen con sus obligaciones. Con ello, según se detalla en un boletín del Senado, las autoridades de los tres órdenes de gobierno podrán establecer como requisito la presentación del certificado de no inscripción en dicho registro para realizar procedimientos y trámites que van desde licencias y permisos para conducir hasta participar como candidato a cargos de elección popular.

La activista señala que, al realizar una reforma legislativa, es esencial encontrar a alguien que impulse el tema y lo lleve al ámbito del Congreso. “Hacer una reforma legislativa implica, por supuesto, un lobby legislativo, buscar quién nos represente, quién sea la voz en un congreso local y quién lleve la propuesta. Eso es básicamente lo que implica la generación de una ley”.

Diana Luz cuenta que uno de los mayores desafíos dentro del movimiento Mamás Autónomas ha sido equilibrar su maternidad con la acción colectiva. “Organizarnos para poder llevar a cabo la acción colectiva también ha sido otro reto y un ejercicio importante porque, bueno, las mamás no lo habíamos hecho antes, ya que maternamos 24/7. El hecho de estar solas y no tener con quién compartir estas cargas de cuidado hace que tengamos muy poco tiempo para participar en alguna organización feminista”.

En el ámbito civil, la violencia económica se ha convertido en una problemática que afecta a muchas mujeres en México, particularmente en casos de separación o divorcio. El incumplimiento del pago de pensiones alimenticias vulnera el derecho de infancias y adolescencias a recibir sustento, lo que agrava la situación económica de las madres que, en muchos casos, son las principales o únicas responsables del cuidado de sus hijos. Según cifras del INEGI, más de 4 millones de madres en México enfrentan la falta de pago de pensiones.

Esta ley, dice Diana Luz, es un paso para que las mujeres y las futuras generaciones vayan perdiendo el miedo en la exigencia de sus derechos: “(Buscamos) que las infancias tomen conciencia y también adolescentes que han sido víctimas de estos señores exijan sus derechos, aunque ya sean mayores de edad. Me parece que es ir cambiando un poco esta historia tan normalizada”

Ley Olimpia 

En 2014, cuando Olimpia Coral Melo tenía 18 años, descubrió que circulaba un video sexual suyo por todas las redes sociales. En las imágenes, grabadas por su exnovio, solo ella era identificable. El material difundido sin su consentimiento pronto se hizo viral, primero en Huachinango, un municipio de Puebla de donde ella es originaria y donde un periódico local publicó su imagen. Luego se viralizó a nivel nacional.

Durante meses Olimpia padeció el acoso digital. En diversas entrevistas ha contado que esto la afectó en sus estudios y hasta trató de suicidarse. En esta etapa de su vida la llevó en 2019 a fundar el Frente Nacional para la Sororidad, una colectiva feminista apartidista y sin fines de lucro que lucha contra la violencia de género.

Su alianza con otras mujeres la impulsó a redactar una ley para castigar la violencia digital en México. La iniciativa que fue presentada en el Congreso de Puebla en 2014 se aprobó hasta 2018. La ley Olimpia, bautizada con el nombre de su impulsora, plantea reformas al Código Penal de Puebla para tipificar la violencia digital y sancionar a quienes violen la intimidad de las personas a través de medios digitales.

En 2021, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría de votos un conjunto de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal, que elevan la Ley Olimpia a nivel nacional. A la par, 28 estados han aprobado modificaciones a sus códigos penales.

La reforma establece penas de tres a seis años de prisión, además de una multa que va de los 54 mil a los 108 mil pesos, a quienes cometan delitos relacionados con la violencia digital, como la difusión en internet de fotos y videos con contenido íntimo sin consentimiento de las personas implicadas.

Karla Sánchez, integrante del Frente Nacional para la Sororidad y promotora de esta ley junto con Olimpia, señala que en un país machista como México, esto representa un avance significativo.

Destaca que es esencial “darle el peso que merece este tema en específico”, refiriéndose a la violencia digital, que en otros países aún no está tipificada. “Cuando Olimpia viaja a otros países, te das cuenta de que el delito de violencia digital no está tipificado igual que en México”, afirma.

La lucha por la promulgación de esta ley ha sido compleja, ya que su aprobación no dependía solamente de ellas, sino que involucró a otros actores políticos en los congresos locales y federales. “A pesar de que hablábamos con gobernadoras y diputadas, nos encontramos con que éramos incómodas. (En algunos casos) sus votos fueron en contra”, revela.

El proceso legislativo de la Ley Olimpia ha implicado la revisión de su contenido en varias instancias. “Cuando tú te vas a la Cámara, tiene que pasar por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y después regresa para su publicación”, detalla Sánchez. Este laberinto legislativo ha presentado retos significativos.

Entre las experiencias negativas que recuerda es que algunos legisladores llamaron a las activistas “locas” y “feminazis”, pero hubo otros que siempre las apoyaron: “Hubo quienes se acercaron y preguntaron qué les podía ayudar”.

Karla también menciona que, a pesar de los obstáculos, la ley ha logrado establecer un precedente. “Olimpia fue la primera en dejar un antecedente histórico para que hoy tengamos Ley Olimpia”. Sin embargo, la implementación sigue enfrentando retos, como la falta de presupuesto y recursos.

También, dice, durante la promoción de la ley, hay quienes han buscado que las mujeres que vivieron violencia digital se sientan culpables.

Finalmente, Karla Sánchez expresó su esperanza por un futuro sin violencia digital: “El día más bonito sería aquel en que ninguna mujer padezca este tipo de violencia”.

Ley Alina 

En 2019 Luis Rodrigo, un policía de Tijuana, llegó a su casa después de haber consumido alcohol y sustancias ilícitas. Comenzó una discusión con su pareja Alina Mariel Narziso Tehuaxtle, a la que comenzó a golpear y asfixiar. En un intento por salvar su vida, Alina, que también era policía, tomó el arma de su pareja y le disparó. Fue condenada a 45 años de prisión por homicidio, pues el juez del caso no consideró su acción como legítima defensa y el contexto de violencia de género en el que Alina se encontraba.

La sentencia fue vista como excesiva, luego de tres años en prisión, el Tribunal Superior de Justicia del estado de Baja California, revisó el caso y determinó que Alina había actuado en legítima defensa, lo que llevó a su liberación el 24 de mayo de 2023. El juez que dictó la sentencia inicial fue sancionado por no aplicar una perspectiva de género adecuada.

Mientras estaba en prisión, la madre de Alina tocó puertas en busca de su libertad, incluso en el Congreso local del Estado de Baja California. “La fórmula que en su momento mi madre utilizó fue el amor; lo que la impulsó para buscar información, para buscar mi libertad y alzar la voz”, dice Alina.

Tras salir de prisión, Alina impulsó la creación de una ley bautizada con su nombre, la cual obliga a la Fiscalía y a los jueces a actuar con perspectiva de género y presumir la legítima defensa cuando una mujer se defienda de su agresor en caso de ser víctima de violencia física, sexual o feminicida.

La precursora de esta ley destaca la importancia de su caso como un catalizador para el cambio. “La ley busca facilitar el acceso a las personas desde la fiscalía, que es uno de los puntos más débiles en temas de justicia”, señala la activista.

Para concretar esta ley estableció una relación con el legislativo, especialmente con la diputada Michel Sánchez, quien lideró el movimiento en el Congreso y presentó varias iniciativas para prevenir la violencia contra las mujeres.

Sin embargo, no todo fue fácil. Cuenta que inicialmente enfrentaron resistencia por parte de la ciudadanía, que no comprendía el concepto de defensa propia. Fue hasta que una periodista publicó detalles sobre su caso y presentó pruebas físicas cuando la percepción pública comenzó a cambiar:

“La gente entendió que no se trataba de una persona que sin razón mató a otra, sino de alguien que se había defendido” menciona.

Alina también destaca el papel crucial de su madre en esta lucha. “El carácter de mi madre de no permitir que yo me quedara ahí adentro y de saber que había actuado en legítima defensa fue lo que inició este proceso”, afirma.

La colaboración con colectivos y activistas también fue fundamental. Alina recuerda cómo su madre comenzó sola, pero recibió apoyo de diversos grupos: “Los colectivos, entre ellos Women on Fire, arroparon a mi madre y se hicieron varias marchas”.

Una vez que la ley entró en vigor, Alina señala que no ha habido resistencia a aplicarla en los casos que lo ameriten. Cuenta que una mujer que llevaba más de diez años de prisión pudo salir de la cárcel tras ser juzgada con perspectiva en razón de género después de tomar como referencia la sentencia de Alina. “Ella salió a los meses que yo salí”, explica.

El momento más significativo para Alina fue el día de la votación en el Congreso. “Fue muy emotivo escuchar al dirigente del Congreso mencionar que ese día se hacía justicia”, relata. Ella espera que esta ley impacte positivamente en la vida de las mujeres a largo plazo: “Ya se está yendo más allá en una labor de prevención”. La ley ha pasado al plano nacional y está siendo llevada por la senadora Julieta Ramírez para que se someta a discusión en cada estado.