Dicha ley establece como delito cualquier acto realizado mediante el uso de materiales impresos, correo electrónico, mensajes en redes sociales, plataformas de internet o cualquier medio tecnológico
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ha establecido vinculación directa con empresas como Facebook, Twitter y WhatsApp para investigar delitos de género que atenten contra la privacidad y la intimidad, así como para solicitar medidas de protección como interrumpir, bloquear, destruir o eliminar imágenes, audios o videos, difundidos a través de dichas redes sociales.
En un comunicado, así lo señaló Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGJCDMX, al participar en el Congreso Internacional Virtual de Derecho Penal, “La Ciencia Jurídico Penal, unida por la Facultad de Derecho, UNAM”, donde añadió que la interacción corresponsable en las plataformas digitales, contribuye al establecimiento de una ruta sólida para la investigación de los delitos que se cometen en el ciberespacio.
Al abordar el tema de la violencia digital de género que se comete a través de internet, la abogada de la ciudad recordó lo establecido en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Dicha ley establece como delito cualquier acto realizado mediante el uso de materiales impresos, correo electrónico, mensajes en redes sociales, plataformas de internet o cualquier medio tecnológico por el que se obtenga, exponga, distribuya, difunda, exhiba, reproduzca, transmita, comercialice, oferte, intercambie y comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona, sin su consentimiento.
Ernestina Godoy resaltó que no se criminaliza el medio, ni las practicas privadas personales como ejercicio de la libertad de las personas, sino la violación de la privacidad o la intimidad sexual, lo que se considera ilícito; así, refirió, se establecen cuáles fueron los bienes y derechos jurídicos que se vulneran, tales como la integridad, la dignidad, la intimidad y la libertad de la vida privada de las mujeres.
Al referirse a que el Estado debe adoptar medidas para impedir que la intimidad personal y familiar sean vulneradas por personas ajenas, refirió que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las convenciones internacionales buscan impedir que terceros difundan información de la vida privada ajena sin el consentimiento del titular.
Tras recalcar que la violencia digital es un delito de género, afecta mayormente a las mujeres y constituye una conducta recurrente, Godoy Ramos dijo que entre los problemas a superar están los prejuicios y estereotipos, que pueden presentarse en operadores del sistema de justicia, que se traducen en criminalización o victimización secundaria por suponer que las mujeres expusieron su información.
La fiscal Ernestina Godoy indicó que la legislación sobre los delitos en el ciberespacio para la Ciudad de México se encuentra plenamente justificada desde la perspectiva de género y representa un avance en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, particularmente en su derecho a la privacidad y a la intimidad.
Finalmente, afirmó que con motivo de la Ley Olimpia se incorporaron nuevas medidas de protección aplicables a los supuestos delictivos y se adicionó un artículo en el que se establecen las órdenes y medidas de protección en materia penal, en casos de violencia digital.
A nombre del titular de la Facultad de Derecho de la UNAM, Raúl Contreras Bustamante, el moderador en el Congreso, Carlos Daza Gómez, entregó de manera virtual una constancia a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, a quien felicitó por la atención que reciben las víctimas, particularmente las afectadas por delitos cibernéticos y de violencia digital.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en apego a sus funciones y atribuciones como área esencial, continúa todos los días sus tareas de investigación para combatir la impunidad y pone a disposición de la ciudadanía los números telefónicos (55) 5200 9000 y 800 745 2369 para orientación jurídica gratuita.
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